El precio de las tarifas móviles es siempre un tema delicado en la agenda pública de cualquier país, en particular cuando se aborda la posibilidad de que las instancia de gobierno intervengan en el mercado privado para regular aspectos de una industria relativamente desarrollada en donde las dinámicas de competencia, oferta y demanda, juegan principalmente a favor del negocio y las compañías, más que para los usuarios finales. Actualmente, la agenda política del gobierno argentino tiene un nuevo asunto entre manos, y representa la seria posibilidad de su intervención para modificar la dinámica actual del mercado en materia de sus costos. Hace algunos días se reveló un proyecto en el Senado de Argentina, que contempla la conversión del mercado de telefonía móvil en un servicio público, regulado por instituciones gubernamentales, en razón del número de fallas y deficiencias de desempeño, en un documento que ha abierto el debate en el Congreso. Ya que una de las atribuciones más importantes reside en que el Estado podría regular totalmente al sector para establecer los precios que las operadoras deben cobrar a los usuarios, un movimiento que cambiaría radicalmente la dinámica actual del mercado.
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado debatirá este miércoles 7 de mayo las cinco iniciativas de este proyecto, según informa el diario La Nación, con la confirmación del propio senador Juan Manuel Irrazábal, quien informó sobre el inició de estas actividades. Se trata de una serie de charlas que podría cambiar el rumbo del mercado actual y de las que es imposible pronosticar cuáles serán los resultados finales y los acuerdos que se generen a raíz de ello. Actualmente en Argentina existen 62,5 millones de líneas celulares activas, lo que la convierte en el principal medio de comunicación, superando por amplio margen a las tradicionales conexión de telefonía fija.
El beneficio para el consumidor
Hasta 83% de ganancias netas en las operadoras.
El decreto de la telefonía celular como un servicio público representaría una fuerte intervención del Estado en la regulación de la gestión de este sector, un arma de doble filo, ya que podría imponer diversas medidas que modifiquen el mercado actual, a la par que estarían obligados a intervenir en temas urgentes, como la licitación del espectro para servicios LTE. El tema más delicado, sin embargo, se encuentra en la regulación de las tarifas móviles, según informa el diario, citando el caso de la operadora Claro, en donde de acuerdo a su último balance de resultados el 83% de su ganancia neta durante el año pasado fue derivado directamente del cobro a sus usuarios por los servicios de telefonía celular.
El punto del conflicto, en este caso particular, se deriva directamente del modo de operación de estas compañías, que hoy por hoy se rigen con completa libertad de mercado, como empresas pertenecientes al sector privado. Lo que ha traído una serie de consecuencias de distintos matices, como el retraso en la introducción de servicios 4G, por la ausencia de intervención de gobierno, el descuido de infraestructura que ha derivado en intermitencias ocasionales del servicio, la complicación de papeleo para expandir tanto antenas como cobertura de las operadoras y un alto grado de denuncias por parte de los consumidores, como ha sido el caso reciente de supuesta negligencia contra Movistar.
62,5 millones de líneas celulares activas
Anteriormente ya han existido choques entre las compañías y el sector público, llegando incluso al grado de que el gobierno evitara el proyecto de algunas operadoras por incrementar sus tarifas, generando algunos reglamentos que suponen una especie de candado que protege a los usuarios, principales afectados por este tipo de dinámicas, sin embargo, este proyecto representa una intervención más directa y definitiva para mediar un sector que no cuenta con una normativa actualizada desde 1997, se trata de un silencio de 17 años que necesita de atención prioritaria. El gobierno de Argentina se encuentra ante un proyecto interesante que podría cambiar la historia de la industria de las telecomunicaciones dentro de ese país. La situación actual del mercado, las urgencias y carencias del escenario, marcan el presente como el momento adecuado para generar estos cambios determinantes, con la intervención de todos los involucrados: gobierno, pueblo y empresas, actuando en conjunto por una mejor industria.