Ya lo avanzó el propio ministro de industria español, José Manuel Soria, y hoy mismo el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la iniciativa: la nueva Ley General de Telecomunicaciones está a un paso de ser realidad.
Lo cierto es que la Ley General de Telecomunicaciones será, con toda probabilidad, aprobada por el Congreso: mayoría absoluta del mismo partido que apoya la iniciativa y el respaldo de todas las operadores móviles convierten esta nueva Ley General de Telecomunicaciones en una realidad. ¿Qué novedades trae este proyecto de ley?
Fomentar el despliegue de infraestructuras
Lo cierto es que la todavía vigente Ley General de Telecomunicaciones fue aprobada hace 10 años, en 2003. En cualquier otro sector diez años pueden no ser tantos, pero en las telecomunicaciones es una eternidad: el mercado de las telecomunicaciones es cambiante, frenético; lo que se traduce en la imperante necesidad de tomar acciones para el impulso de nuevas infraestructuras para adaptarse a la tecnología actual. En pocas palabras: 4G y FTTH son prioridades máximas para tanto el gobierno como para las operadoras y la nueva Ley General de Telecomunicaciones llega para agilizar este proceso.
La nueva Ley General de Telecomunicaciones habla, por tanto, de “despliegue eficiente” y trata de fomentar que las operadoras compartan infraestructuras para así construir redes de comunicaciones sólidas de la manera más óptima. ¿Cómo se llevará a cabo esto? En palabras del ministro José Manuel Soria, “las redes de telecomunicaciones se consideran de interés nacional”
Agilizar, palabra clave
La futura Ley General de Telecomunicaciones no sólo pretende agilizar la construción de infraestructuras, también estará centrada en la simplificación administrativa. Es decir, se tratará de simplificar la relación entre la administración y los operadores. Quizás uno de los puntos más controvertidos del proyecto de ley es precisamente éste, pues la simplificación administrativa incluye novedades como la eliminación de las licencias urbanísticas y medioambientales a la hora de construir una infraestructura en terreno privado. Se cambia por tanto el requisito de una licencia municipal, que se sustituye por una declaración responsable del operador. Para llevar a cabo la retirada de las licencias municipales se establecerán los criterios relativos a radiación electromagnética y usos del espectro, de manera que todo el país tenga una política homogénea.
¿En qué se traducen estas medidas para el usuario?
Este es el punto fantasma de la futura Ley General de Telecomunicaciones. ¿En qué se traduce todo esto? ¿En qué nos beneficia? El gobierno defiende que un plan eficiente abaratará costos para las compañías y que éstas podrán, por tanto, ofrecer un servicio a un precio más competitivo. Es decir, ninguna clausula obliga a las compañías a ofrecer precios más baratos a cambio del impulso y agilización del gobierno para la construcción de infraestructuras.
Poco más sobre los usuarios refleja el nuevo proyecto de Ley general de Telecomunicaciones. Es por eso que sí se echa de menos un mayor compromiso por parte del estado para con el usuario. Se ha tenido mucho en cuenta uno de los agentes más importantes en esta partida, las operadoras, pero las medidas finales deberían, quizás, tener más en cuenta al usuario final. Lo que sí es cierto, no obstante, es que era necesario la renovación de la Ley General de Telecomunicaciones.