El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se encuentra en un punto crítico de su historia. Por un lado su credibilidad y firmeza ha quedado en entredicho luego de los reveses que le han propinado otras instancias públicas, como resultado de la lucha y resistencia de las compañías ya establecidas que podrían verse afectadas por la reformas en materia de telecomunicaciones impulsadas por este organismo, a la par que han realizado un movimiento peculiar e inesperado contra la empresa más grande de telefonía celular en México, Telcel, al revivir una olvidada sanción impuesta hace algunos años a dicha empresa, cuya suma en pesos nacionales se acerca a los mil millones de dólares.
Telcel es dueño de casi el 70% del mercado.
12 mil millones de pesos, es el monto aproximado de la multa impuesta a Telcel, por la extinta Comisión Federal de Competencia (Cofeco) en 2011; en su momento la operadora entró en una dinámica de diálogo adquiriendo en 2012 una serie de supuestos compromisos a cumplir, en su infraestructura, servicios y procesos, a cambio de no verse obligada a pagar dicha cifra. Hoy el IFT anuncia de manera formal que se encuentra dando seguimiento puntual al cumplimiento de dichas obligaciones, solicitando a Telcel los documentos y evidencias que comprueben que ha cumplido efectivamente con su parte del trato. El aviso, publicado por la Unidad de Competencia del IFT, indica que la empresa, propiedad del empresario Carlos Slim, ya ha presentado los papeles que avalarían los cambios y mejoras.
Posible amenaza
En abril de 2011 la Cofeco ejecutó una votación mayoritaria, en donde concluyeron que Telcel, quien tiene actualmente cerca del 70% de las líneas celulares del país, era una empresa que realizaba prácticas monopólicas, motivo por el cual se le impuso la multa de 12 mil millones de pesos. Alejandro Cantú, director jurídico de América Móvil, en declaraciones recogidas por STNews afirma que en realidad cada tres meses han estado presentando avances con la institución, misma que ha avalado el avance y cumplimiento en tiempo de la operadora móvil.
El IFT posee facultades legales para reabrir el caso e imponer nuevas sanciones a Telcel, la realidad es que por la cercanía y situación de la agenda política de esta Institución, el acto de retomar este caso suena a algo más que una coincidencia.