La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), será la primera en poner en marcha las cuestionables medidas de intrusión que se habilitaron como perfectamente legales para el gobierno mexicano con la creación de la Ley de Geolocalización Móvil, que provocó polémica a inicios de este año ante la ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero sin el suficiente ruido como para generar una reacción activa y en contra de este nuevo planteamiento, que permite a prácticamente cualquier instancia pública, en este caso Hacienda, rastrear datos y geolocalización de usuarios de telefonía celular en el país, accediendo a una cantidad importante de datos personales, sin volver necesaria la intervención ni de un Juez, ni siquiera de la PGR o algún magistrado, como anteriormente se manejaba al principio de esta nueva propuesta, dejando la puerta mucho más abierta y menos regulada.
Esta nueva Ley deja la puerta de intrusión mucho más abierta y mucho menos regulada.
La UIF a partir de hoy miércoles 13 de agosto tendrá la facultad de acceder a los datos de todas las líneas telefónicas del país, fijas o celulares, sin requerir la intervención previa de un juez, informa Grupo Reforma, todo ello debido a que entra en vigor la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo artículo 189 faculta a "los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia", para requerir datos a las empresas de telecomunicaciones, que tendrán 24 horas para entregar la información. Según señala Grupo Reforma, los datos a los que tendrán acceso no incluye temas más delicados como contenido de mensajes o llamadas, pero sí otros datos privados como nombre, domicilio del cliente de telefonía, ubicación de geoposicionamiento geográfico de las líneas, tipo de comunicación y servicios multimedia utilizados; llegando al grado de detalle de conocer fecha, hora y duración de las llamadas, así como el código IMEI del teléfono celular del usuario.
Es preocupante la argumentación que busca justificar estas medidas, se centra en la supuesta intención de protección a los ciudadanos, pero la entrada de la UIF, marca un nuevo matiz, uno más orientado a la pesquisa y recaudación.