Celularis

Nos escribe un lector del blog, José Luis, para contarnos que hay un proyecto llamado “Ríos en la red“, una red MuniWiFI española que ya se encuentra operativa desde hace varios meses y que cuenta al día de hoy con mas de 500 usuarios, a quienes les brinda su única oportunidad de acceder a Internet de banda ancha.

Lo llamativo de esto es que el proyecto es encarado por una asociación sin ánimo de lucro, ONG, Macovall 2000, que lo hace a través del programa europeo Prodercal “Programa de Desarrollo y Diversificación Económica en Zonas Rurales de Castilla y León” en la comarca zamorana de “Los Valles de Benavente” en Zamora, España.

La red sigue creciendo día a día, hoy llega a 62 localidades, diseminadas por una superficie total de mas de 880 Km2, en algunas de las cuales residen actualmente menos de 50 personas. Quien nos escribe es vecino de una de ellas (Milles de la Polvorosa, de 267 habitantes y “solo dos bares“) y usuario de la red desde el verano pasado.

Además me gustaría remarcar las respuestas que ellos encontraron a las preguntas que muchos nos hacemos con respecto a los MuniWiFi con servicios pagos:

¿Puede una asociación sin ánimo de lucro gestionar un servicio de pago?

La Ley 1/2002, reguladora del derecho de asociación, establece en el apartado 2 del Art. 13 lo siguiente: “los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo”. Por tanto la respuesta a está pregunta es que cualquier asociación sin ánimo de lucro puede ofertar servicios de pago y disponer de personal remunerado para su prestación, siempre que dicho personal sea ajeno a la asociación y los posibles beneficios generados por las actividades comerciales emprendidas por la entidad se destinen íntegramente a la consecución de sus fines, el desarrollo de la comarca de “Los Valles de Benavente” en este caso.

¿Cómo proyecta MACOVALL 2000 hacer rentable un servicio que los operadores privados, con más medios y experiencia, consideran poco o nada lucrativo?

La clave se asienta en dos premisas: en primer lugar, MACOVALL 2000 no tiene que amortizar la inversión correspondiente al despliegue de la Red, que es sufragada íntegramente con cargo al Programa de Desarrollo Rural PRODERCAL; en segundo lugar, el G.A.L. no pretende dedicar parte de las cuotas abonadas por los clientes a generar beneficios, sino que prevé destinar todos los ingresos aportados por los usuarios a sufragar gastos de mantenimiento (personal técnico y administrativo, conectividad, substitución de equipos averiados, etc.). A pesar de lo dicho, la sostenibilidad de la Red depende de la respuesta de la población a la que va dirigida. Si no se logra alcanzar un número de clientes total que ronde los 650 usuarios en un plazo de cinco años, la viabilidad el Proyecto podría verse seriamente comprometida.

¿Es lícito financiar con fondos públicos el despliegue de la Red?

Por supuesto; de hecho las grandes operadoras privadas (Telefónica, Auna, etc.) también han gozado de cuantiosas subvenciones dotadas con fondos nacionales y europeos para desplegar sus infraestructuras de banda ancha, tanto en el medio rural como en las áreas urbanas.

¿Por qué MACOVALL 2000 cobra por un servicio de acceso soportado por una infraestructura que se paga íntegramente con dinero público?

Un proveedor de servicios de acceso a Internet ha de afrontar mensualmente los gastos de mantenimiento de la red, que básicamente se desglosan, como ya se indicó, en la compra de ancho de banda, los salarios del personal administrativo y de mantenimiento, y el coste de los equipos de reposición. A diferencia de los costes de despliegue de la red, los costes planteados por su explotación no pueden financiarse con dinero público. Esto es así debido a que el mercado de las telecomunicaciones está liberalizado y, por tanto, se rige por las leyes de mercado. De hecho, una de las principales funciones de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, es velar por que la competencia entre los operadores se desarrolle con limpieza. Un operador que, amparado en financiación pública o en una posición de dominancia económica ofertara servicios por debajo de su valor real, podría arruinar en poco tiempo al resto, quedarse con todo el mercado, y gestionar posteriormente los servicios en régimen de monopolio. Ya sabemos que no es nuestro caso, pero la Ley es igual para todos. De hecho, en España ya se han producido varias denuncias contra corporaciones locales que pretendían dar conexión gratuita a sus administrados, generalmente incoadas a instancias de operadores privados.

Los motivos del fomento de dicho proyecto son bien claros y esperamos que muchos otras municipios y regiones puedan hacerlos suyos.